El pleno tumba la moción sobre el aborto con 14 votos en contra: PP y VOX frenan la propuesta de Por Galapagar

“Muchas gracias. Pues traemos a este pleno una propuesta que no debería generar debate, porque habla de garantizar un derecho que ya está reconocido por ley, avalado por el consenso científico internacional y conquistado gracias al esfuerzo del movimiento feminista. El derecho al aborto es seguro, accesible y en condiciones de igualdad. La interrupción voluntaria del embarazo es ante todo una cuestión de salud pública, justicia social y libertad personal. No se trata de opiniones ni de creencias individuales, se trata de cumplir la ley, de proteger a las mujeres y de fortalecer un sistema sanitario público que debe ser garante de derechos, no una barrera para ellos. Los datos de la Comunidad de Madrid son demoledores. En 2024 se realizaron más de 21000 interrupciones voluntarias del embarazo, pero solo 78 tuvieron lugar en hospitales públicos. El 99.6 por 100 se derivaron a clínicas privadas, y mientras en comunidades como Cantabria o Galicia más del 70% de los abortos se realizan en la red pública, Madrid se queda la cola, con un raquítico 0 47%. Esto no es casualidad, es el resultado de una decisión política que limita un derecho ya reconocido. El ministerio de sanidad señala que el aborto farmacológico antes de la 8º semana es el método más seguro, el menos invasivo y el más indicado para atención primaria. Sin embargo, Madrid continúa sin crear ni una sola unidad pública de salud sexual y reproductiva que permita garantizar este servicio. Otras comunidades ya lo han hecho, Madrid no, y la consecuencia es simple, desigualdad, estigma y vulneración de derechos. A esto se suma la situación de los abortos terapéuticos. Mujeres que afrontan diagnósticos devastadores siguen siendo derivadas a centros privados cuando deberían recibir atención especializada en hospitales públicos. En estos momentos tan difíciles el sistema debería acompañar, no delegar. Además, que casi todas las interrupciones se realicen fuera del sistema público, expone a 1000de mujeres al acoso a las puertas de las clínicas privadas, una violencia simbólica y psicológica que sigue existiendo pese a estar prohibida. Integrar la prestación en hospitales públicos es también una forma de proteger la dignidad y la seguridad de las mujeres. Y por si fuera poco, la Comunidad de Madrid sigue sin crear el registro de objetores de conciencia, incumpliendo un mandato claro del ministerio de sanidad y el consejo interterritorial. No es un problema técnico, es una decisión política que tiene como consecuencia impedir la aplicación efectiva de la ley. Por todo ello, presentamos para su aprobación en el pleno los siguientes acuerdos. Crear una unidad de salud sexual y reproductiva en el centro de atención primaria de Galapagar, donde realizar abortos en las primeras 8 semanas, incorporar la interrupción voluntaria del embarazo en la cartera de servicios del nuestro hospital de referencia, el hospital universitario El Escorial, con especial atención a los abortos terapéuticos, informar a la ciudadanía sobre los recursos disponibles en materia de salud sexual y reproductiva, dónde están y cómo acceder a ellos, reforzar la educación afectivo sexual con perspectiva de salud pública feminista y de derechos humanos, y por último, exigir a la Comunidad de Madrid la creación inmediata del registro de objetores. Muchas gracias.”