Galapagar sigue sin plan urbanístico: el pleno rechaza la moción que pedía frenar la Ley LIDER
Un municipio de más de 35.000 habitantes que se rige por normas de 1976 y con el plan general de 2022 bloqueado en la Comunidad de Madrid desde hace más de dos años. Ese era el punto de partida de la moción que el PSOE llevó al pleno del 30 de abril. Salió rechazada: 13 votos en contra, 5 a favor y 1 abstención.
El Grupo Municipal Socialista denunció que Galapagar crece «por improvisación» y que las licencias se conceden «caso a caso sin visión global». En palabras de su portavoz, Alberto Gómez Martín, el resultado es «un mercado de vivienda orientado exclusivamente a rentas medias altas, con alquileres que no bajan de 1.000 euros mensuales».
La moción apuntaba directamente a la Ley LIDER, el anteproyecto autonómico en información pública desde marzo de 2026. El PSOE la calificó de retroceso: según Gómez Martín, «no establece reservas obligatorias del 50% de vivienda protegida en suelo urbanizable» y «privatiza el control urbanístico mediante entidades colaboradoras privadas». Pedía al pleno que la rechazara formalmente.
El equipo de gobierno salió a defender la ley. El primer teniente de alcalde, Ángel Camacho Lázaro (PP), argumentó que la LIDER busca «simplificar, agilizar y hacer viable el urbanismo» y que no privatiza nada: «Las entidades colaboradoras no conceden licencias, no sustituyen al ayuntamiento, no son autoridad». Reconoció que la ley «no es perfecta», pero la defendió como «un paso en la dirección correcta».
El cruce fue directo. Gómez Martín le devolvió el golpe a Camacho sobre quién tiene más responsabilidad en el desastre urbanístico acumulado: «Ustedes han gobernado casi 18 años y nosotros 5 años y 3 meses». Sin respuesta convincente en ese punto.
En la votación, Por Galapagar respaldó la moción junto al PSOE. Galapagar Entre Todos se abstuvo. La concejal no adscrita, Carmen María Pérez Arellano, votó en contra.
“El urbanismo es la principal herramienta de cualquier administración para decidir cómo crece un municipio, quién puede vivir en él y en qué condiciones. En Galapagar, esa herramienta está profundamente deteriorada. Un municipio de más de 35000 habitantes se rige por normas subsidiarias de 1076, incapaces de ordenar el crecimiento, planificar dotaciones, regular la edificación con criterios actuales de sostenibilidad o gestionar el suelo no urbanizable. El resultado es un municipio que crece por improvisación, con un tejido urbano que el propio avance del plan general de 2022 calificó de caótico y disperso. El plan general de educación urbana de 2022 era la solución. Lleva más de 2 años bloqueada la Comunidad de Madrid por falta de voluntad política, mientras se siguen consiguiendo licencias de forma parcial y sin modelo global, contribuyendo al encarecimiento de la vivienda y a la pérdida de cohesión urbana. Más allá del bloqueo formal, existe un problema de fondo que este equipo de gobierno ha querido abordar, el tipo de ciudad que se está construyendo en mala pagar. Sin un un modelo urbanístico aprobado, la licencia se conceden caso a caso sin visión global ni criterios de cohesión social. El resultado es un mercado de vivienda orientado exclusivamente a rentas medias altas, con alquileres que no bajan de 1000dentro mensuales, que expulsa a la población joven y trabajadora del municipio donde ha crecido. No es solo un problema de cuánto se construye, es un problema de para quién se construye. A ello se suma el deterioro progresivo del casco urbano, donde la ausencia de criterios homogéneos de rehabilitación y protección patrimonial ha generado intervenciones aisladas, fachadas alteradas y pérdida de identidad arquitectónica, sin que el equipo de gobierno haya impulsado ningún proyecto integral de regeneración urbana. En este contexto, resulta especialmente grave que el actual equipo de gobierno no haya ejercido ninguna presión política visible para desbloquear el plan presentado en 2022. Todo apunta que el nuevo marco que ofrece la líder más discrecional, menos planificado, se ajusta mejor a un modelo de gestión urbanística por oportunidades privadas que a un proyecto colectivo de ciudad. El equipo de gobierno propone esperar a la ley de impulso y desarrollo equilibrado de la región, líder, aún no aprobada. Pero el problema no es solo de oportunidad, el propio proyecto líder en en información pública desde marzo de 2026 acumula graves deficiencias que lo hacen inapropiado como marco de referencia para Galapagar y para toda la Comunidad de Madrid. El anteproyecto debilita la garantía del planeamiento al al limitar los efectos de la nulidad judicial de los planes, lo que puede consolidar situaciones irregulares de forma irreversible. Su apuesta por la simplificación del planeamiento carece de garantías suficientes de participación ciudadana y evaluación ambiental. En materia de vivienda, el texto supone un retroceso inaceptable. No establece reservas obligatorias del 50% de vivienda protegida en suelo urbanizable, y no a las viviendas, alojamientos dotacionales, y reduce un mínimo del 5% de las plusvalías públicas en actuaciones de dotación cuando la legislación estatal permite hasta el 20%. Todo ello en el peor momento posible para el acceso a la vivienda a la región. El anteproyecto vulnera de mala autonomía local, otorga carácter residual a las competencias municipales. Permite a la Comunidad de Madrid suspender instrumentos de ordenación municipal y privatiza el control urbanístico mediante entidades colaboradoras privadas que suplantan los ayuntamientos en funciones que les corresponden por mandato constitucional.”
“El texto no crea instrumento de gobernanza metropolitana pese a reconocer la la intensa interdependencia entre municipios en materia de vivienda, movilidad y equipamientos, y carece por completo de perspectiva de género, incumpliendo el artículo 20.1 c de la ley 7 barra 2015, en un texto que condicionará el desarrollo urbano de la región durante décadas. Galapagar no tiene un problema de crecimiento, tiene un problema de modelo, y ese modelo no puede construirse sobre una ley que recorta garantías urbanísticas, debilita la vivienda protegida, privatiza el control municipal e ignora tanto el territorio metropolitano como la igualdad. Es un anteproyecto de de ley que se ha creado de cara al municipio de Madrid para que Martinez Almeida pueda favorecer todo el desarrollo urbanístico del área metropolitana, pero sin una gestión metropolitana, como tiene, por ejemplo, el área metropolitana de Barcelona, donde 36 municipios debaten y consensúan las actividades en esos en esos municipios, o el papel que hace la diputación provincial de Barcelona, que debería de ejercer la Comunidad de Madrid como diputación provincial, y no lo hace. El promotor podrá decidir en los nuevos desarrollos si se hace vivienda pública o no. Y y creemos que es un es un ataque, desde luego, a la a la a la autonomía municipal. Y claro, puedo coincidir con usted, señor Camacho, en que es un desastre urbanístico que hemos gobernado todos, todos los partidos, pero, dado, desde 2003, por ejemplo, del inicio del de las legislaturas de este siglo, ustedes han gobernado casi 18 años y nosotros 5 años y y 3 meses. Tendrá más más responsabilidad el partido que ha gobernado más años en este en este ayuntamiento, lógicamente. Si ustedes han gobernado casi 18 años y nosotros 5 años y 3 meses, tenemos nuestra responsabilidad, nuestra nuestra parte de de culpa, pero desde luego no hemos no hemos gobernado como como como ustedes. Y decían, el crecimiento, que es un crecimiento desorbitado el documento de avance, pero si si usted en las alegaciones proponía más crecimiento. ¿Usted se lo cree, señor Camacho, lo que ha dicho, cuando proponía más viviendas que lo que proponía el documento de avance. O sea, que me parece tremendo que usted pueda sostener eso, desde luego.”
“Por eso tenga usted cuidado cuando dicen, porque es que dicen una cosa, pero luego prometen una cosa y luego hacen la contraria. Pero, mire, vamos al fondo de la cuestión que es la ley líder. La Comunidad Madrid plantea con esta ley algo muy sencillo, simplificar, agilizar y hacer viable el urbanismo, y lo hace introduciendo una herramienta clave para para este para este para esta para este objetivo, el plan estratégico municipal, un instrumento que permitirá definir el modelo de ciudad, la movilidad, la vivienda, las infraestructuras y la y la sostenibilidad, sin quedarnos atrapados en planes rígidos que tardan 10 o 15 años en aprobarse, y otros 10 o 15 años si ahora quieres hacer una modificación. Y frente a sus críticas, conviene aclarar varias cosas, porque creo que no han entendido nada de la ley. No se elimina el control urbanístico, se transforma, pasa de previo a posterior, porque además la ley confía en que el vecino va a hacer lo que dice la ley, pero se mantiene la inspección, la sanción y el restablecimiento de la legalidad. No se privatiza el urbanismo, no han no han entendido ustedes nada. Las entidades colaboradoras no conceden licencias, no sustituyen al ayuntamiento, no son autoridad, solamente son, sí, o sea, el control sigue siendo municipal, y decir lo contrario es simplemente decir, faltar a la verdad. No se pierde la participación, se mantiene la información pública, la evaluación inventada, los informes, la evaluación ambiental, los informes sectoriales. Lo que se elimina son las duplicidades, trámites innecesarios, y además se refuerza con un modelo de participación activa, como exige la legislación europea. Tampoco es cierto que se reduzca la protección ambiental, sigue vigente toda la legislación ambiental estatal y autonómica. Además, se refuerzan las infraestructuras verdes, la sostenibilidad y la protección del suelo. No hay medio no hay menos medio ambiente, lo que hay es una mejor integración. Señorías, lo que está en juego para Galapagar es claro, esta ley nos permitirá salir del bloqueo urbanístico, adaptar nuestro modelo territorial y alinearlo con la agenda urbana que hemos aprobado, y dar seguridad a los a los vecinos y a las empresas. Es una oportunidad real. Por Por eso, señores del partido socialista, su su moción parte de un error base, defender un sistema que no ha funcionado. Esta ley no es perfecta, como toda ley, seguramente se podrá mejorar, pero es un paso en la dirección correcta, porque no elimina garantías, no elimina, elimina bloqueos, no reduce controles, los hace más eficaces, y sobre todo, devuelve a los ayuntamientos la capacidad de planificar su futuro. Galapagar no necesita más debate ideológico el sobre urbanismo, necesita avanzar, y esta ley con rigor y mejoras nos permite hacerlo. Muchas gracias.”
La moción cae, pero el problema sigue en pie. Galapagar seguirá funcionando con normas subsidiarias de 1976 mientras el plan general de 2022 permanece bloqueado en la Comunidad de Madrid. La LIDER aún no está aprobada: cuando lo esté, determinará las reglas del juego urbanístico para todo el municipio, incluido cuánta vivienda protegida se podrá exigir en los nuevos desarrollos.