Alberto Gómez Martín, portavoz de Galapagar

“Buenos días a todos y a todas. Y, bueno, pues una nueva modificación puntual, la enésima que trae este equipo de gobierno, que es 1 de los de los sueños históricos del Partido Popular construir en esta zona como como se está haciendo, porque el, si se estuviera haciendo bien como se hacía en el avance del plan general, con un consenso de 4 grupos políticos, de 18 concejales de 21 de la legislatura anterior, pues tendría cabida, pero se trae con una comisión informativa, estaría de urgente, convocada de prisa y corriendo, para el lunes, y el pleno siendo el el jueves. El equipo de gobierno presenta esto como un trámite técnico menor, casi casi administrativo no lo es. Lo que votamos hoy no es la urbanización, pero tampoco es un simple trámite. Lo que se vota hoy, todo el pague siga la paga en un circuito de tramitación acelerada, del que va a ser muy difícil salir. Una vez declarado de tramitación preferente, el expediente tiene inercia propia y los informes se centralizan en la Comunidad de Madrid, los plazos se acortan y el margen de maniobra municipal se reduce. Por eso este voto importa y por eso lo vamos a explicar. Este expediente no es nuevo, nació, no sé si en en 2009, pero realmente nació en 2012, con la aprobación inicial en un pleno extraordinario, que fue el 7 de junio de 2012. Entre 2012 y 2015 se sometió 2 veces a información pública, el resultado 307 alegaciones de vecinas y vecinos de Galapagar que decían que eso les preocupaba. En 2016 quedó paralizado con un informe ambiental de la dirección general de medio ambiente que establecía condiciones exigentes para su su su aprobación definitiva. ¿Por qué se paralizó? Los documentos dicen cambios normativos. Nosotros decimos que se paralizó, porque era difícil justificar ambientalmente y porque los vecinos lo cuestionaron masivamente. Ahora vuelve, pero por una puerta diferente, más discreta y más rápida. Para explicar lo que es la aceleradora urbanística, este organismo lo lo crea el Partido Popular, de Ayuso, en diciembre de 2025, mediante el decreto 92 barra 2025. Es un órgano autonómico que puede coger expedientes urbanísticos municipales, declararlos de especial relevancia como este, y tramitarlos de forma preferente centralizando los informes sectoriales. Es decir, la Comunidad de Madrid acelera con todos los plazos y reduce los tiempos de análisis ordinarios. El equipo local decide acogerse a este mecanismo en abril de 2026, no en pleno, en junta de gobierno local, sin debate público, y funciona en menos de 2 meses. La aceleradora concede la declaración de por unanimidad, todo en el circuito del PP local, el PP autonómico, promotor privado, sin que en Galapagar lo supiera. En 2012, cuando este proyecto salía información pública, 372 vecinos y vecinas, como he dicho Galapagar, presentaron alegaciones, que dijeron que les preocupaba, que querían ser escuchados. ¿Qué pasó en mayo de 2026 cuando la aceleradora abrió el trámite de audiencia para el proyecto? En 10 días son notificados al ayuntamiento de Galapagar como único interesado reconocido por el decreto, no a vecino ni a vecinos ni a colectivos, no a las 337 personas que ya habían alertado. El mecanismo de la aceleradora excluye estructuralmente la participación ciudadana en esta fase, y el resultado, como costa del acuerdo de la aceleradora, es que no se presentaron alegaciones. Claro que no, nadie sabía que el expediente estaba en marcha, y la verdad es que eso no es participación ciudadana,”

“¿Señor Gómez? Muchas gracias, señor Camacho. Los documentos hablan de vivienda sometida a algún régimen de protección pública, no dicen vivienda de protección oficial, no dicen precio máximo tasado. Algún régimen de protección puede ser vivienda precio limitado, que permite precios muy superiores a la VPO clásica. Les preguntamos directamente, ¿qué tipo concreto de protección se garantiza para esas 294 viviendas? ¿A qué precio máximo? ¿Con qué condiciones de acceso? Si no tienen respuesta concreta hoy, el 45% de vivienda protegida es un titular de prensa, pero no una garantía. La tala numérica del cuadro de la memoria justificativa degrana las 298 viviendas en 2 categorías, VPP2, 56 viviendas, y VPP1, 242. La VPP 1 y VPP 2 son categorías de la Comunidad de Madrid, la 1 es vivienda con posición pública básica, y la VPP 2 es de precio más elevado. Ambas son posición pública, pero con precios máximos muy distintos a la UPO clásica, no vivienda social en sentido estricto. Además, en sus documentos ponen que el mercado de la vivienda está tensionado. ¿Apliquen la la ley de vivienda nacional? Dígansela a Ayuso. En Cataluña están bajando los alquileres de media a unos 500 euros. Si está tensionado el mercado, aplique la la ley de vivienda nacional, o sea, es que es es una es una incoherencia total. El promotor de ese desarrollo es una empresa privada. El expediente se reactiva en agosto de 2024.1 solicitud de entrada. El ayuntamiento la hace suya, la eleva la junta de gobierno local, pide la declaración responsable a la la celadora, y la tiene en tiempo récord. ¿Por qué esta prisa? ¿Por qué tanta prisa? No cuestionamos que los promotores privados puedan desarrollar suelo, es legal. Lo que se cuestiona es que el ayuntamiento haya puesto toda la maquinaria municipal y el acceso al circuito autonómico preferente al servicio de un proyecto privado sin que los vecinos y vecinas hayan tenido oportunidad de paripar en ese proceso. El PSOE no se opone a que Galapagar crezca, y no nos oponemos a la vivienda protegida real ni a completar la trama urbana entre Galapagar y La Navata, nos oponemos a que se haga así, sin participación ciudadana, usando un mecanismo autonómico que excluya a los vecinos y vecinas, con garantías ambientales diseñadas por el promotor, con un tipo de protección de vivienda que no está concretado, y con la junta de gobierno local tomando decisiones que merecían debatirse en ese pleno. 37 vecinos ya dijeron que querían ser escuchados. El equipo de gobierno encontró la manera de que no tuvieran que serlo, eso no es cuestión urbanística,”

“estamos de acuerdo con la propuesta, es un bill supramunicipal para el período 2022, 2026, que se dio de alta en la resolución de 10 de febrero de 2023 por parte del director general de inversiones y desarrollo local, para las obras de implementación y renovación de redes la calle Las Lindes, y es una demanda histórica de esta de esta calle que estaba entre está entre Colmenarejo y Galapagar, y y vamos a votar a favor. Gracias.”

“El urbanismo es la principal herramienta de cualquier administración para decidir cómo crece un municipio, quién puede vivir en él y en qué condiciones. En Galapagar, esa herramienta está profundamente deteriorada. Un municipio de más de 35000 habitantes se rige por normas subsidiarias de 1076, incapaces de ordenar el crecimiento, planificar dotaciones, regular la edificación con criterios actuales de sostenibilidad o gestionar el suelo no urbanizable. El resultado es un municipio que crece por improvisación, con un tejido urbano que el propio avance del plan general de 2022 calificó de caótico y disperso. El plan general de educación urbana de 2022 era la solución. Lleva más de 2 años bloqueada la Comunidad de Madrid por falta de voluntad política, mientras se siguen consiguiendo licencias de forma parcial y sin modelo global, contribuyendo al encarecimiento de la vivienda y a la pérdida de cohesión urbana. Más allá del bloqueo formal, existe un problema de fondo que este equipo de gobierno ha querido abordar, el tipo de ciudad que se está construyendo en Galapagar. Sin un un modelo urbanístico aprobado, la licencia se conceden caso a caso sin visión global ni criterios de cohesión social. El resultado es un mercado de vivienda orientado exclusivamente a rentas medias altas, con alquileres que no bajan de 1.300€ mensuales, que expulsa a la población joven y trabajadora del municipio donde ha crecido. No es solo un problema de cuánto se construye, es un problema de para quién se construye. A ello se suma el deterioro progresivo del casco urbano, donde la ausencia de criterios homogéneos de rehabilitación y protección patrimonial ha generado intervenciones aisladas, fachadas alteradas y pérdida de identidad arquitectónica, sin que el equipo de gobierno haya impulsado ningún proyecto integral de regeneración urbana. En este contexto, resulta especialmente grave que el actual equipo de gobierno no haya ejercido ninguna presión política visible para desbloquear el plan presentado en 2022. Todo apunta que el nuevo marco que ofrece la líder más discrecional, menos planificado, se ajusta mejor a un modelo de gestión urbanística por oportunidades privadas que a un proyecto colectivo de ciudad. El equipo de gobierno propone esperar a la ley de impulso y desarrollo equilibrado de la región, líder, aún no aprobada. Pero el problema no es solo de oportunidad, el propio proyecto líder en en información pública desde marzo de 2026 acumula graves deficiencias que lo hacen inapropiado como marco de referencia para Galapagar y para toda la Comunidad de Madrid. El anteproyecto debilita la garantía del planeamiento al al limitar los efectos de la nulidad judicial de los planes, lo que puede consolidar situaciones irregulares de forma irreversible. Su apuesta por la simplificación del planeamiento carece de garantías suficientes de participación ciudadana y evaluación ambiental. En materia de vivienda, el texto supone un retroceso inaceptable. No establece reservas obligatorias del 50% de vivienda protegida en suelo urbanizable, y no a las viviendas, alojamientos dotacionales, y reduce un mínimo del 5% de las plusvalías públicas en actuaciones de dotación cuando la legislación estatal permite hasta el 20%. Todo ello en el peor momento posible para el acceso a la vivienda a la región. El anteproyecto vulnera además la autonomía local, otorga carácter residual a las competencias municipales. Permite a la Comunidad de Madrid suspender instrumentos de ordenación municipal y privatiza el control urbanístico mediante entidades colaboradoras privadas que suplantan los ayuntamientos en funciones que les corresponden por mandato constitucional.”

“El texto no crea instrumento de gobernanza metropolitana pese a reconocer la la intensa interdependencia entre municipios en materia de vivienda, movilidad y equipamientos, y carece por completo de perspectiva de género, incumpliendo el artículo 20.1 c de la ley 7 barra 2015, en un texto que condicionará el desarrollo urbano de la región durante décadas. Galapagar no tiene un problema de crecimiento, tiene un problema de modelo, y ese modelo no puede construirse sobre una ley que recorta garantías urbanísticas, debilita la vivienda protegida, privatiza el control municipal e ignora tanto el territorio metropolitano como la igualdad. Es un anteproyecto de de ley que se ha creado de cara al municipio de Madrid para que Martinez Almeida pueda favorecer todo el desarrollo urbanístico del área metropolitana, pero sin una gestión metropolitana, como tiene, por ejemplo, el área metropolitana de Barcelona, donde 36 municipios debaten y consensúan las actividades en esos en esos municipios, o el papel que hace la diputación provincial de Barcelona, que debería de ejercer la Comunidad de Madrid como diputación provincial, y no lo hace. El promotor podrá decidir en los nuevos desarrollos si se hace vivienda pública o no. Y y creemos que es un es un ataque, desde luego, a la a la a la autonomía municipal. Y claro, puedo coincidir con usted, señor Camacho, en que es un desastre urbanístico que hemos gobernado todos, todos los partidos, pero, dado, desde 2003, por ejemplo, del inicio del de las legislaturas de este siglo, ustedes han gobernado casi 18 años y nosotros 5 años y y 3 meses. Tendrá más más responsabilidad el partido que ha gobernado más años en este en este ayuntamiento, lógicamente. Si ustedes han gobernado casi 18 años y nosotros 5 años y 3 meses, tenemos nuestra responsabilidad, nuestra nuestra parte de de culpa, pero desde luego no hemos no hemos gobernado como como como ustedes. Y decían, el crecimiento, que es un crecimiento desorbitado el documento de avance, pero si si usted en las alegaciones proponía más crecimiento. ¿Usted se lo cree, señor Camacho, lo que ha dicho, cuando proponía más viviendas que lo que proponía el documento de avance. O sea, que me parece tremendo que usted pueda sostener eso, desde luego.”

“el artículo 13.2 a, que lo ha descrito también el el señor España, que cuando el alborado se vea necesariamente afectado por orden de reparación o reforma de cualquier clase de nueva construcción de edificaciones o infraestructuras, previo expediente que justifique la inviabilidad o inconveniencia grave de cualquier otra alternativa. Nos parece, pues que esto puede abrir la puerta a una a una tala masiva si se hace si se hace alguna obra, y la que nos preocupa el el redactado. El artículo 12, también, en la reposesión de arbolado, un árbol por cada año de edad nos parece un poco, pues un poco utópico que se que se pueda cumplir. Y en el en el artículo 30, donde pone la memoria de arbolado y y te referencia a los anexos 2 y 3, creo que en comisión informativa se dirija a nuestro grupo que no hay todavía memoria de arbolado realizada. Entonces, creemos que tendría que haber una memoria de arbolado antes de de llevar la la ordenanza municipal a a aprobación de este pleno de este pleno municipal. Pues, claro, deja abierta, pues, taras, por ejemplo, si respecto a la a la obra de de Parque Lagos, que pone integrada en su entorno urbano y ambiental, si se puede abrir esto a una a una tala, pues, como están preocupados los vecinos de de algunos pinos y algunas encinas, pues nos preocupa el redactado del del artículo 13.2 a, que que pueda que pueda derivar en talas de árboles centenarios, posiblemente encinas que forman parte de la de la identidad paisajística de esa de esa zona. Cuando nuestro grupo va a votar en contra. Muchas gracias.”

“Hoy estamos aquí desde el grupo unipal socialista, no solo para hablar de los problemas de Galapagar, sino para poner en evidencia una forma de gobernar que está deteriorando gravemente la relación entre este ayuntamiento y la ciudadanía. Lo hacemos con responsabilidad institucional, pero también con la obligación política de señalar irregularidades, malas prácticas y decisiones que están tomando de espaldas a los vecinos y vecinas. Lo que vamos a exponer no son opiniones ni eslóganes, son hechos concretos que evidencian que este gobierno municipal toma decisiones sin escuchar, sin dialogar, y lo que es lo más grave, sin respetar principios básicos de transparencia y participación democrática que deben regir cualquier administración pública.”