La bandera arcoíris no volverá al balcón del Ayuntamiento: el pleno rechaza la moción del Orgullo LGBTI

“Gracias, señor alcalde. Mire, los datos que citan sobre agresiones, sobre acoso escolar existen, y yo no lo voy a poner en duda. El problema no es ese, el problema es que lo que han construido alrededor de esos datos. Esta moción dedica 3 páginas a explicar por qué el actual equipo de gobierno de Galapagar no merece gobernar. Les quitaron unos bancos pintados, nos colgaron una bandera YAA partir de ahí, montamos un relato que va desde la plaza de ayuntamiento a la asamblea de Madrid, pasa por el tribunal constitucional y la consejera Dávila, y termina pidiendo que este pleno mande una nota de protesta política al Ministerio de Igualdad. Esto no es una moción institucional, es un comunicado de oposición con numeración de acuerdos. Y mire qué ironía, ustedes mismos escriben en su exposición de motivos que hay quien usa la diversidad como arma de confrontación política. Léanse su propio punto undécimo y díganme si no es exactamente esto. Mire, del 1º al 3º son declaraciones que ya hacen el ordenamiento jurídico español y con más fuerza, mucha más fuerza de la que tiene este pleno. Y del 5º a 6º y del 8º al 10º son verbos sin presupuesto, impulsar, reforzar y promover. En en el punto cuatro, la bandera. Mire, y no es por buena o mala voluntad, es por jurisprudencia. El tribunal supremo, en la sentencia 564 de 2020, ya dijo que usar banderas no oficiales en edificios públicos no es compatible con el deber de neutralidad de las instituciones, aunque sean ocasionales, aunque solo acompañe el bandera de España, a la autonómica o a la local, que son las únicas oficiales. Poner ese símbolo en el balcón es tomar partido institucionalmente, y la fachada de este ayuntamiento no es no es de quien gobierna, sino de todos los galapagueños. Galapagar no es la excepción que retrocede, es un municipio que aquí prefiere la neutralidad a prestar atención y la fachada a una causa. Y el resto del paquete, pues tienen ustedes un problema de competencia. El 0.7 me nos pide incorporar una perspectiva LGTBI Plus en salud comunitaria y la exposición del motivo, usted hablan de colaboración con los centros educativos. Ni la sanidad ni la educación la gestiona este ayuntamiento, la gestiona la Comunidad de Madrid. Pedirle a este pleno que se pronuncie sobre esto es como pedirle que opine que algo que nunca se va a ejecutar. Y si ya que hablan tanto del constitucional, cuéntenlo bien, en la sentencia de abril de 2025 no tumbó la reforma de la ley LGBTI madrileña, como ustedes dan a entender. Anuló un único perceptum, el que regulaba quién puede ser parte interesada en procedimientos sancionadores por invadir competencia estatal en materia procesal. El resto de la reforma sigue vigente, lo pueden ustedes comprobar. Mire, yo no yo no niego que exista la LGBTIfobia, como ustedes dicen, pero es que este techo no la combate, la está utilizando, la está utilizando como paso discriminatorio el artículo 14 de la Constitución. Y de paso, ustedes me piden que me salte un deber de neutralidad que no es mío, que es de todo este ayuntamiento. Muchas gracias.”

“Tal y como está redactada la moción, poco más se puede añadir, aunque sí se puede dar un repaso de lo que no está lo que no se está haciendo en colegios e institutos, o lo mal que se gestionan en muchos casos las denuncias puestas ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado por aquellos que son agredidos, ya sea físicamente o verbalmente. En el 1º caso seguimos peor incluso que antes, los alumnos del colectivo sufren más discriminación y acoso escolar, lo que afecta su bienestar mental y emocional, y es el colectivo con mayor riesgo de absentismo laboral, malas notas y finalmente abandono. Y todo esto es posible porque no existe un protocolo claro de actuación ante el problema, y al final el colegio o el instituto deja de ser un entorno seguro. Los psicólogos, incluso los psiquiatras, cuentan que casi todos los que van a consulta vienen soportando bullying continuado o algún tipo de maltrato por parte de sus propios compañeros. Exponen que esto no solo les lleva a sentir inseguridad o baja autoestima, sino que en muchos casos deriva en problemas de ansiedad y depresión, que es lo más común, llegándose incluso a consolidar problemas de salud mental que derivan en disociación, trastornos alimenticios y autolesiones. En España, el 43% de las personas homosexuales y bisexuales encuestadas que han sufrido acoso escolar homofóbico han pensado alguna vez en suicidarse. Según recientes informes de la Federación Estatal LGBTI, corroborados con con datos de la confederación de salud mental de España, las personas LGBTI reportan más del doble intento de suicidio en comparación con la población general, e incluso algunas fuentes solventes apuntan que los jóvenes LGBTI tienen entre 2 y 5 veces más probabilidades de intentar suicidarse que sus pares heterosexuales. Y recordemos que en España hay 20 tentativas de suicidio diarias por cada muerte consumada, y fallecen 11 personas diariamente por esta causa. Y simplemente les pido que extrapolen estos datos o los anteriores para ver la magnitud del problema. La pregunta es, ¿qué se hace desde la consejería de educación? Creemos que poco o cada vez menos, porque cualquier intento de solucionar el problema en los colegios e institutos es tildado de ideología de género por aquellos que abogan por la derogación de las leyes autonómicas y estatales de protección del colectivo LGTBI, llegando incluso a decir que dicho colectivo no debe tener ni privilegios ni líneas de ayuda específicas, y enrocándose en discursos torticeros, en donde se vincula la inmigración con la inseguridad y la homofobia. Como 2º cuestión, queremos denunciar que el maltrato psicológico de las víctimas de homofobia se produce en las comisarías cuando el agredido o agredida presenta denuncia a lo que llamamos victimización secundaria, porque la falta de formación específica en diversidad por parte de los agentes, la la invisibilización de las agresiones que se producen al omitir los delitos de odio en el atestado y el uso de un lenguaje ofensivo o irrespetuoso con su con su identidad de género a la hora de dirigirse a los agredidos provoca desasosiego, haciéndose evidente en muchos casos la falta de empatía de los agentes o simplemente evidenciándose su propia ideología por encima del servicio público al que están destinados. Reiteramos la necesidad de recordar el día del orgullo, porque una parte de la sociedad sigue suspendiendo esta asignatura. Muchas gracias.”